Podcast Constitucional

Aunque el colegio tenía la posibilidad de optar por un arreglo que respetara la antigüedad del cuerpo docente y, al mismo tiempo, la prohibición de discriminación, optó por una solución aparentemente neutra que condujo a la desvinculación de la accionante.

L as cuotas alimentarias reclamadas por las mujeres en el matrimonio y después del divorcio se convierten en una medida para aminorar los efectos negativos de la violencia económica y la discriminación que sufren a lo largo de su vida.

La Corte Constitucional estudia nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales.

La Constitución y el marco internacional de derechos humanos al que se ha comprometido el Estado colombiano otorgan una especial protección a las mujeres, especialmente a aquellas que han sido víctimas de violencia sexual.

La Corte Constitucional protegió los derechos de la comunidad indígena Wounaan de Santa Rosa de Guayacán, Río Calima, ante la negativa de la Secretaría de Salud de Buenaventura, Valle del Cauca, de entregar el cuerpo de su médica tradicional indígena.

La Corte Constitucional conminó a la Fiscalía General de la Nación para que suministre respuestas oportunas, claras, precisas y congruentes a los derechos de petición que elevan los ciudadanos y se abstenga de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.

Corte Constitucional amparó derechos de una ciudadana, a quien un infarto cerebral le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 67,1%.

El acceso de las personas con necesidades educativas especiales al sistema educativo oficial se da con cargo a los recursos de la entidad o entidades territoriales certificadas en educación que tienen competencia sobre el asunto.

La nueva magistrada es abogada de la Universidad de los Andes y magíster en leyes de la Universidad de Harvard. Ha sido profesora de planta de la Universidad de los Andes, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y asesora de diferentes organismos internacionales.

La Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer afrodescendiente, víctima de desplazamiento forzado, sin educación y en situación de discapacidad psicosocial y cognitiva, quien presuntamente habría sido víctima de varios abusos sexuales; y los de su hija recién nacida, la cual aparentemente fue víctima de tráfico de niñas, niños y adolescentes.

La Corte Constitucional concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso de un menor que, presuntamente, fue víctima de abuso sexual. Se reprochó así que un juzgado de Medellín hubiera autorizado las visitas del menor con su padre, quien se le acusa de ser el presunto agresor

Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos orgánico, procedimental y sustantivo por adelantar un proceso de responsabilidad civil contra los árbitros sin tener competencia para ello.

La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, concedió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la señora Cristina Ardila Garzón.

La Corte Constitucional recordó que, en procedimientos de desalojo, les corresponde a las autoridades administrativas adoptar acciones para proteger a corto, mediano y largo plazo el goce efectivo del derecho a la vivienda digna, en particular, para la población ocupante irregular que presenta una condición de extrema vulnerabilidad y es sujeto de especial protección constitucional.

La Corte Constitucional reiteró que la exigencia de dar cumplimiento incondicional al horario de trabajo los sábados, representa para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día una limitación intensa y grave para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.

La Corte Constitucional recordó que las pruebas y los argumentos que presenten los usuarios de servicios públicos en sus reclamos ante las empresas prestadoras y ante la Superintendencia deberán ser evaluados de manera integral de acuerdo con el principio de buena fe.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la igualdad y a la remuneración laboral justa de los etnoeducadores nombrados en propiedad pertenecientes a las etnias Pijao (Tolima), Awá (Nariño) y Zenú (Sucre y Córdoba).

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada de un hombre que fue despedido injustamente, después de sufrir un accidente laboral.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana e integridad personal, física y psicológica de un joven de 27 años diagnosticado con diversos trastornos psiquiátricos.

Una entidad pública en proceso de reestructuración vulnera los derechos fundamentales de un exfuncionario cuando no efectúa el cumplimiento de la orden de pago de salarios y prestaciones sociales consignado en una sentencia debidamente ejecutoriada.

La Sala Novena de Revisión de la Corte advirtió a los jueces de la República que los dineros del Sistema de Salud no pueden destinarse para pagar acreencias de las IPS.

La Corte exhortó al Ministerio de Educación para que eleve a norma nacional la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género que se presenten.

La Corte reprochó la actuación de la empresa que indujo a su trabajadora a la presentación de una licencia no remunerada, con el fin de eximirse de la obligación del pago de salarios y prestaciones sociales con ocasión de la medida de aislamiento decretada por la pandemia del COVID-19.

Al ponderar los derechos en juego, la Corte consideró que debía protegerse el derecho a la libertad de expresión de dos periodistas de un medio de comunicación, quienes, en virtud de su oficio, ejercieron su derecho a opinar sobre un hecho noticioso.

Corte protegió los derechos de un interno del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón que presentó tutela reclamando acceso a los elementos necesarios para terminar su tesis de grado.