Podcast Constitucional

Las exigencias diferentes a las establecidas por el Congreso de la República deben someterse al criterio de necesidad. Según este, solamente son válidos los requisitos a través de los cuales es posible demostrar el cumplimiento de las condiciones contempladas en la ley.

“Los subsidios a la oferta tienen relevancia constitucional y su otorgamiento requiere de una política gubernamental consistente. Por esta razón, su modificación o revocatoria se encuentra ligada al principio de progresividad, la prohibición de retroceso y al respeto por las expectativas legítimas”.

Quinto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

Así mismo, la Corte, en los próximos meses, estrenará un nuevo micrositio en relación con el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca la protección efectiva de la niñez Wayuu.

“A pesar de conocer el estado de salud de la accionante, el empleador terminó el contrato de trabajo sin autorización del Inspector del Trabajo, lo cual implicaba que el despido se presumía discriminatorio e ineficaz. La sociedad accionada no desvirtuó tal presunción”.

Si bien el Decreto 3200 de 1979 se expidió en una época en la que solo se concebía que la judicatura fuese remunerada y por un año, desde 1989 se creó la posibilidad de que esta fuera ad honorem por nueve meses.

La Sala considera que el caso ha sido tramitado de manera descuidada tanto por parte del apoderado del actor como por la Secretaría de Educación de Norte de Santander, aspecto que culminó con la vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social y a su mínimo vital.

“La presencia de las mujeres en el mercado laboral ha estado y está permeada de un ambiente de agresividad y discriminación, en el cual aún no existen respuestas contundentes que cambien la realidad”.

“Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) de la población desplazada son mediciones que permiten calcular el porcentaje de dicha población que efectivamente cuenta con una garantía real de sus derechos fundamentales.”

“ La invalidez que se agrava progresiva y paulatinamente merece un tratamiento jurídico especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios, que se concreta en la obligación de reconocer esta pensión con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez”.

La demanda señaló que el Gobernador incurrió en doble militancia por haber apoyado las candidaturas a la alcaldía de Uribia y Riohacha de dos candidatos que formaban parte de agrupaciones políticas distintas a la de él.

La Corte determinó que esta cartera vulneró el derecho a la consulta previa y el derecho al debido proceso de un colectivo, del Corregimiento de Boquerón, Cesar.

“Todo obstáculo que le impida a la persona ser aquella que quiere ser y edificar un plan de vida autónomo o que restrinja su derecho a manifestar su identidad de género es una vulneración de sus derechos fundamentales”.

“Las autoridades deben garantizar que toda vivienda cumpla con las condiciones mínimas de higiene para que una persona pueda ocuparla sin peligro para su salud e intimidad”.

El juez accionado incurrió en defecto fáctico al no valorar pruebas que darían cuenta de la condición de víctima de la ciudadana y del posible contexto de violencia de la relación de pareja.

En el caso de enfermedades catalogadas como crónicas, degenerativas o congénitas, la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral viene dada por el examen de todos los elementos de juicio relevantes, entre ellos la historia clínica, que permitan identificar la fecha real en que se produjo la pérdida de capacidad laboral.

La Vicepresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Diana Fajardo Rivera, hizo su ponencia sobre la dignificación de los y las trabajadoras domésticas, autores claves de la economía del cuidado en Colombia.

El fallo explica que el proyecto se ciñe a las exigencias de valores máximos de exposición y de distancias mínimas impuestas por el RETIE, adoptados en consonancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la materia. Incluso, el diseño del proyecto en cuestión presenta valores muy por debajo de las exigencias máximas de exposición a campos electromagnéticos que fijó aque...

“La dependencia económica se predica del que habría extrañado los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de estos”.

En aquellos eventos en los que el desalojo y la demolición son inevitables, la autoridad de policía, en conjunto con las autoridades municipales competentes, deben implementar medidas de protección transitorias y definitivas para garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna de los afectados.

Cuarto episodio del especial “Guardianes de la Constitución al rescate del artículo 44” inspirado en las decisiones judiciales más representativas de la Corte, en defensa de las niñas, niños y adolescentes del país.

La sentencia T-001 del 3 abril de 1992, con ponencia del exmagistrado José Gregorio Hernández, fue el primer fallo de tutela que se conoció en Colombia y la que abrió la puerta para que millones de personas encontraran un mecanismo para defender sus derechos fundamentales.

L a Ley 1751 de 2015 estableció un sistema de salud en el que todos los servicios y tecnologías en salud que no están expresamente excluidos del PBS se encuentran incluidos en este y, por ende, deberán ser garantizados a los usuarios.

"Es contrario al postulado constitucional del respeto a la dignidad humana que un médico evidencie la necesidad de ordenar a su paciente el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo”.

La Universidad debe continuar con la articulación progresiva de los procesos académicos, administrativos, financieros, de investigación y formación para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.