Las cosas como son

Desde sus primeras publicaciones Vargas Llosa fue un intelectual comprometido, primero con causas de izquierda en el horizonte de la revolución cubana, y desde los años ochenta con posturas liberales en el campo económico y en el de los temas de sociedad.

No podemos dejar de reconocer que los huaycos matan porque el Estado ha sido incapaz de un ordenamiento territorial que evite la implantación de migrantes en áreas expuestas al riesgo.

El crimen en San Miguel parece asociado con disputas por algo que cada vez más se consolida como la causa oculta de muchos conflictos y mucha sangre: el tráfico de tierras y de propiedades.

El derecho a la protesta no significa en modo alguno libertad para incendiar sedes juiciales y comisarías, la toma de aeropuertos y el impedimento a que trabajen y se desplacen los que quieran hacerlo.

El Perú necesita un gobierno con unidad y transparencia que despierte confianza. Solo así podrá convencer, por difícil que sea, que su plan de adelanto de elecciones es lo que más conviene al país.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar el adelanto propuesto por el Ejecutivo, después de que fracasara el elaborado por la Comisión de Constitución?

Por supuesto que la causa profunda de la corrupción es de carácter moral, puesto que corromper y ser corrompido es ceder a la codicia y al imperio del dinero, sobre cualquier otra consideración.

Dina Boluarte afirmó que de no prosperar el adelanto de elecciones presentará inmediatamente dos iniciativas legales con carácter de urgencia al Congreso.

En los países de mayoría católica, los nuncios suelen ser los decanos del cuerpo diplomático y es en esa calidad que el actual nuncio en el Perú, Monseñor Paolo Rocco, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte.

El deber de un dirigente no es acatar sin visión propia lo que le parece ser clamor popular.

Ha hecho bien la canciller al denunciar que “algunos gobiernos" no hayan acompañado al Perú "en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”.

La vida es el valor supremo del Estado, pero la vida en común supone respetar la ley que nos hemos dado para que los conflictos se resuelvan de manera pacífica.

El Perú vive un momento difícil, lo que nos debería incitar a despreciar menos y comprender más.

San Marcos y la UNI convocaron de urgencia a sus instancias de gobierno y se resignaron con matices diferentes a la presencia indeseada de personas ajenas a la comunidad universitaria.

Lima es hoy la primera ciudad quechua-hablante del Perú y ha sido el destino de sucesivas migraciones. Que desde varios regiones vengan hoy compatriotas a marchar es un derecho constitucional, que debe ser ejercido en el marco de la ley y del respeto a los derechos de los demás.

¿Qué pasaría si las bancadas castillistas impiden que se vuelva a conseguir los 88 votos necesarios para hacer efectiva una reforma constitucional? Sobre todo ahora que han focalizado toda su estrategia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos.

Nadie puede dudar que el número de muertos en las manifestaciones es abrumador; pero de ahí a vacar a la presidenta cuando el conflicto sigue vigente hay un largo trecho que hubiera sido mejor evaluar con más prudencia.

Las investigaciones fiscales deben establecer la verdad de los hechos y hacer saber quiénes son los instigadores de la violencia: grupos ligados al terrorismo, a la minería ilegal o a otras economías ilegales que gozaron de protección bajo la presidencia de Pedro Castillo.

Aunque Alberto Otárola ha cumplido con éxito una exigencia de su función, no es seguro que la obtención de confianza impresione mucho a quienes reclaman responsabilidades políticas.

Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública.

La pasividad de la Policía ha llevado a cuestionamientos sobre una posible connivencia entre las autoridades del Distrito Federal de Brasilia y los promotores de la invasión.

Nadie puede poner en duda que el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes e impulsar reformas que garanticen el buen desempeño de nuestras instituciones. Pero eso no lo exime de asumir la responsabilidad que le compete en la crisis que estamos viviendo.

Lamentablemente, como en otros momentos desdichados de nuestra historia, la clase dirigente no parece haber reaccionado con unidad, como corresponde ante una amenaza a nuestra democracia.

Esos actores ilegales y violentistas disfrazan sus intereses con causas políticas, como el apoyo a Pedro Castillo y la exigencia de una Asamblea Constituyente.